Los sanitarios reclaman medidas urgentes ante las últimas agresiones

La agresión a una sanitaria este miércoles en Huesca ha sido la gota que ha colmado el vaso para los sindicatos Cesm Aragón, Satse y Fasamet, que exigen a los responsables del Gobierno de Aragón medidas urgentes contra las agresiones sanitarias en la comunidad. El joven de 26 años, desde este jueves en prisión provisional, fue acusado de robo con fuerza en un bar, se provocó autolesiones y realizó tocamientos a una profesional sanitaria durante la asistencia médica, algo “extremadamente grave”, por lo que denuncian que tienen “miedo y no se sienten seguros”, subrayó Sara Sastre, delegada sindical de Cemsatse.

Pero no quedan aquí los incidentes. Tan solo en las últimas semanas, en el Hospital Clínico cinco personas fueron detenidas por agredir a personal sanitario al ir a buscar a un bebé cuya custodia fue retirada por la DGA, en Tauste seis personas entraron a la fuerza en las urgencias del centro de salud y amenazaron a los sanitarios y, recientemente, a una enfermera le rajaron las ruedas del coche en el centro de salud de Zuera.

“Además de los que no se cuentan”, remarcó Sara Sastre, ya que los casos exigen una tramitación incompatible con el día a día de la consulta, pero la presión asistencial provocada por la pandemia ha evitado el seguimiento de otros casos como las agresiones sufridas en domicilios, dado que “en la atención primaria el abandono es absoluto”, indicó la delegada sindical. “Hemos pasado de los aplausos a las agresiones”, lamentó.

En las zonas rurales, en el horario de atención continuada de los centros sanitarios solo suele haber dos profesionales, un médico y una enfermera, “sobrecargados a menudo” y “desprotegidos ante posibles situaciones conflictivas que pueden generarse”, afirmó la delegada sindical, que reclamó al Salud en numerosas ocasiones ante estas situaciones, pero “sin suerte”, advirtió.

Según los datos oficiales, en 2018 se produjeron 253 agresiones y subieron a 294 en 2019; el confinamiento de 2020 las hizo bajar a 196, pero en el primer semestre de 2021 ya han llegado a 153, por lo que de continuar la tendencia, este año se superarán las 300. A pesar la escalada de agresiones, los sindicatos advierten que el Ejecutivo de Javier Lambán ha ignorado las demandas del personal sanitario para poner en marcha sistemas de protección, “por lo que su inacción constituye un caso de irresponsabilidad”, señalan.

Desde el año 2019, los sindicatos reclaman medidas urgentes como un vigilante de seguridad en todos los centros, instalar cámaras de videovigilancia, un “botón del pánico” en las mesas de trabajo, una “pulsera de geolocalización” para los profesionales fuera del centro y multas de hasta 30.000 euros para los agresores.

Reclaman que se dé con la máxima urgencia una respuesta real y efectiva a este grave problema y señalan que si no se atiende su reclamación, en el plazo de un mes, se plantearán otras acciones. “El problema es que no tengamos que sufrir ninguna desgracia porque están bastante avisados de lo que sucede”, concluyó Sara Sastre.

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