40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN
De una presencia testimonial a la convivencia multicultural
La apertura de la sociedad más allá de nuestras fronteras se ha impulsado mucho en los últimos 40 años, como refleja la evolución de la inmigración
En 1982, residían en Aragón 2.364 extranjeros y en 2021 se contabilizaron un total de 162.349, según fuentes del Instituto Aragonés de Estadística. No solo el número refleja la evolución de la inmigración en la Comunidad, sino también las distintas procedencias del colectivo y, especialmente, los avances en materia de derechos sociales.
En cuanto a las causas que mueven a las personas a dejar su país de origen, la principal sigue siendo “la búsqueda de una vida mejor”. Así lo afirma la coordinadora de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo Aragón, Katrina Belsué, quien explica que detrás de las migraciones siempre hay dificultades económicas, políticas o coyunturas bélicas. Belsué aclara que a principios de la década de los ochenta, España estaba atravesando por una situación crítica, tras una dictadura y un periodo de transición política, en la que apremiaba una profunda modernización socioeconómica. No era, por tanto, un destino atractivo para la inmigración, que se decantaba por otros países europeos.
La procedencia de esa migración depende de las circunstancias por las que atraviesen los distintos países. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ha provocado que haya más de 3.000 solicitudes de acogida de refugiados en Aragón este año. Actualmente Rumanía, Marruecos, Nicaragua y Colombia son las nacionalidades más comunes en la región, responsables de la creación de importantes redes de apoyo que sirven, a su vez, de reclamo para amigos, familiares y compatriotas.
En el Estatuto de Autonomía de Aragón del año 1982 no se hacía referencia a la inmigración, sin embargo, sus derechos fundamentales estaban protegidos a través de la normativa internacional y de la Constitución Española. Pocos años después, en 1985, el país aprobó su primera Ley de Extranjería, una controvertida normativa que revocaba los derechos de quien no estuviera legal en el territorio y limitaba su permiso de trabajo a la escasez o no de mano de obra española. Su restrictiva regulación provocó, incluso, que el Tribunal Constitucional anulara varios de sus preceptos que, sin embargo, fueron retomados en una reforma de la ley, que se produjo en el año 2000, y que tampoco contó con una buena acogida en el ámbito social. De hecho este marco legislativo ha experimentado diversas modificaciones, la última de ellas el pasado 15 de agosto, y permanece en vigor en la actualidad.
Katrina Belsué, de SOS Racismo Aragón, señala que, a su juicio, “las leyes de extranjería están hechas desde un punto de vista que busca el control, en lugar de hacerse teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la ciudadanía”. Reconoce, al mismo tiempo, que la normativa vigente, desde la ley hasta el estatuto, “ofrece libertad para hacer políticas más integradoras y ampliar derechos, pero hay que ver cómo se interpretan esas leyes y, por tanto, cuál es su aplicación”.
No fue hasta la reforma del estatuto de 2007 cuando se asumieron las competencias y se redactó: “La integración socioeconómica de las personas inmigrantes, la efectividad de sus derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y la participación en la vida pública” en el artículo 29.
