Actualidad

ENCUESTA DYM PARA HENNEO

El 52% cree que cambiar el delito de malversación favorecerá a los políticos

Dos de cada tres encuestados dicen que la reforma es una concesión del Gobierno a los nacionalistas por las Cuentas

Vista general del Congreso de los Diputados durante la sesión de este jueves.
Vista general del Congreso de los Diputados.
E.P.

La reforma de los delitos de malversación y sedición se encuentra ya en el Senado tras haber conseguido el voto afirmativo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, pese a su avance parlamentario, la maniobra no acaba de convencer a buena parte de la ciudadanía.

Según la última encuesta realizada por DYM para HENNEO, más de uno de cada dos españoles cree que la modificación de la malversación tiene como objetivo principal beneficiar a políticos condenados, en lugar de fijar penas más adecuadas, y el 56,8% considera que la reforma del Código Penal debilita el Estado de derecho.

Diría que la reforma de los delitos de sedición y malversación...
Diría que la reforma de los delitos de sedición y malversación...
Henar de Pedro/20 Minutos

El 51,9% de los encuestados estima que el principal objetivo de la reforma de la malversación es reducir o anular las penas a políticos condenados, un porcentaje que se eleva por encima del 65% entre los votantes de PP (68,3%) y Ciudadanos (75,6%) y que llega hasta el 83,3% entre los de Vox. En cambio, esta valoración cae hasta el 41,7% entre el electorado del PSOE y hasta el 24,5% en el de Unidas Podemos.

Solo el 35,8% de los entrevistados considera que la modificación de la malversación tiene como principal objetivo establecer penas más adecuadas, al distinguir tres tipos delictivos en la administración ilícita de dinero público en función de si hay o no ánimo de lucro personal. El primero de ellos, penado con entre dos y seis años de prisión, se refiere a la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros. El segundo tipo, para el que se establecen penas de prisión de entre seis meses y tres años y de inhabilitación de entre uno y cuatro años, comprende el uso temporal de patrimonio público, sin ánimo de apropiárselo, para uso privado; y el tercero, con penas de entre uno y cuatro años de cárcel e inhabilitación de entre dos y seis años, afecta al funcionario o cargo público que dé al patrimonio público una «aplicación distinta» a la que estaba destinado.

Solo uno de cada dos votantes socialistas (50,1%) cree que esta nueva ordenación responde a una voluntad de establecer penas más adecuadas, una proporción que se eleva hasta el 64,5% entre el electorado de la formación morada. En la misma línea, menos del 20% de los entrevistados considera que tanto la reforma de la malversación como la supresión de la sedición, que se sustituye por un tipo penal llamado desórdenes públicos agravados, hayan sido promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar el Código Penal. En su lugar, casi dos de cada tres encuestados (el 65,9%) estiman que han sido concesiones del Ejecutivo a los partidos nacionalistas para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Esta segunda postura es compartida mayoritariamente por el electorado de todas las formaciones políticas, salvo el de UP, si bien los porcentajes de apoyo oscilan entre el 62,7% de los votantes socialistas y el 89,1% de los de Ciudadanos. Por el contrario, aquellos que depositaron su apoyo a la formación morada en las urnas en 2019 se encuentran divididos entre un 45,7% que comparte la tesis de la concesión a partidos nacionalistas y un 46,2% que estima que la modificación ha estado motivada por una voluntad del Gobierno de mejorar el Código Penal.

De este modo, el 56,8% de los encuestados opina que la rebaja de las penas por malversación y la derogación de la sedición debilitarán el Estado de derecho, frente a un 26,1% que cree que lo reforzarán. El porcentaje de entrevistados que valora negativamente el impacto de la reforma sobre el Estado de derecho supera el 70% entre los votantes de Vox (88,8%), los del PP (77,0%) y los de Ciudadanos (72,1%).

De hecho, a pesar de que ha sido el PSOE el que, junto a ERC, ha impulsado la reforma del Código Penal, el electorado socialista no percibe la maniobra como un reforzamiento del Estado de derecho. Solo el 37,1% lo ve de este modo, frente a un 51,6% que cree que lo debilitará. Únicamente los votantes de UP apoyan mayoritariamente la percepción de reforzamiento (45,3%). 

Etiquetas