Csif pide un modelo de gestión pública en el transporte sanitario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Salud un modelo de gestión pública del transporte sanitario urgente, como ya tienen Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, tras conocer el recorte que el servicio aragonés aplica en el pliego de condiciones para adjudicar la nueva contrata.

Denuncian que el Gobierno de Aragón quiere reducir el número de ambulancias en la próxima licitación del servicio mientras sigue sin resolver el conflicto laboral de los trabajadores, que, recuerda el sindicato, llevan casi diez meses en huelga y tres años sin convenio.

El Salud publicó el anuncio de licitación para el “Servicio de transporte sanitario terrestre para el traslado urgente de pacientes en la Comunidad Autónoma de Aragón” por un presupuesto de 92 millones de euros para los próximos cuatro años y listado de 75 vehículos, frente a los 85 que prestan servicio en la actualidad, según Csif.

Para este sindicato se trata de una oferta económica “insuficiente” y un número de vehículos “claramente escaso para poder prestar el servicio con calidad” además de que se mantiene el sistema de trabajo de ambulancias localizadas en vez de presenciales, lo que, advierten, supone un retraso de 15 minutos para atender las urgencias.

En opinión responsable de Transporte sanitario urgente de CSIF Aragón, José Luis Martínez, “con el nuevo contrato va a aumentar la precariedad del colectivo y va a empeorar el servicio”.

Recortes

El coordinador regional y portavoz de IU en las Cortes de Aragón ha solicitado la comparecencia ante el órgano parlamentario del gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal, por el recorte de 15 ambulancias que contemplan los nuevos pliegos que elabora del departamento de Sanidad para adjudicar el servicio de transporte sanitario urgente.

Sanz quiere que el Ejecutivo explique cómo afectará al territorio ese recorte y si en el pliego se incide en problemas estructurales del servicio como, por ejemplo, las bases operativas, y pidió que se implante una mesa de seguimiento de la contrata con la participación de la plantilla que, ha subrayado, “son los que mejor conocen las situaciones de incumplimiento que se producen”.

Por tercera vez en los últimos doce meses, los populares del Ayuntamiento de Huesca denunciaron la situación del transporte escolar en el IES Pirámide, donde 600 alumnos tienen que esperar hasta 35 minutos la llegada de los autobuses. En ninguno de los casos, adoptados siempre en contacto con la Amypa del centro, ni el Gobierno de Aragón ni el alcalde de Huesca “han sido capaces” de ofrecer una solución.

Ahora, el PP tiene previsto llevar a cabo iniciativas políticas en las Cortes de Aragón, al tiempo que exigen a Luis Felipe que intervenga para forzar una alternativa