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Europa pone sobre la mesa la protección y caza del lobo

La propuesta de la Comisión rebajaría su grado, permitiendo la batida controlada

Imagen de archivo de un ejemplar de lobo (Canis lupus).
Imagen de archivo de un ejemplar de lobo (Canis lupus).
Pixabay

El lobo merodea de nuevo por los despachos de Europa. La Comisión Europea trasladó recientemente una propuesta a los países para modificar el estatuto de protección de la especie y que pase de estar “estrictamente protegido” a únicamente “protegido”. Esto implicaría la autorización de su caza controlada. Las asociaciones ganaderas apremian a su puesta en marcha dada la “imposibilidad de coexistencia entre los ganaderos de extensivo y animales como el lobo o el lince, ahora en estudio de reintroducción”, mientras que los naturalistas ven “una oportunidad política para ganar votos” con vistas a las elecciones europeas de junio de 2024.

A inicios de noviembre del pasado año, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, solicitó formalmente al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

En estos momentos, la DGA contabiliza oficialmente la presencia de tres lobos en Aragón, dos en la zona del Bajo Aragón y otro en las Altas Cinco Villas. Estos son los ejemplares de los que constan ataques y no significa que no haya más, dada su capacidad de desplazamiento y avistamientos en Ribagorza, Jacetania, la Hoya y Los Monegros.

“No estoy contra el oso, el lobo o el lince, estoy a favor de la biodiversidad, pero hay que acotar espacios para que esa biodiversidad sea posible. La zorra en el gallinero no puede existir porque se come a las gallinas. No podemos pretender que esa convivencia imposible se produzca.”, indicó el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper en una entrevista a este diario en diciembre.

Su departamento ha destinado cada año desde 2018 medio millón de euros a paliar los daños del lobo y el oso a los ganaderos de extensivo. En el presupuesto de 2024, la dotación será de 600.000 euros, 550.000 de la DGA y 50.000 del Ministerio de Transición Ecológica.

Indefensos

Desde que tuvieron lugar los primeros ataques en el año 2017, los ganaderos han expresado su “desaliento e indefensión” ante una situación que pone en riesgo “un modelo de vida”.

Cada vez más, los pastores abandonan las sierras donde el lobo ha dejado su rastro y medidas como el vallado electrificado, el pastor eléctrico o las parideras, “no aseguran condiciones óptimas para criar a los animales”, incide José María Alcubierre, secretario general de Uaga-Coag.

El ganadero de Los Monegros, donde se produjeron ataques de lobo en 2021 y 2022 en Torralba de Aragón y Tardienta, respectivamente, demanda “controlar su expansión” porque “no se puede reintroducir un animal en el medio rural para limpiar las conciencias del mundo urbano”.

Desde Asaja Huesca, Fernando Luna, recuerda el ataque acontecido en Robres en septiembre de 2022 y la pena de los ganaderos porque “las ayudas no son la solución”. “Tanto el rebaño como el ganadero sufren ante la posibilidad de un nuevo ataque. Algunas ovejas mueren por las heridas o el estrés”, señala el presidente, consciente de que el lobo “no es la mayor de sus preocupaciones, como sí lo son la PAC o la baja rentabilidad, pero es la gota que colma el vaso”.

En este aspecto hace hincapié el naturalista Juan Antonio Gil, valorando la baja población de ejemplares que existe en Aragón y que no avalan una “alta conflictividad”, como sí puede ocurrir en Asturias. Se muestra a favor de la estrategia de protección y cohabitabilidad que permite extraer ejemplares conflictivos, “algo que no se ha tenido que poner en práctica en Aragón”, remarca.

“La situación del lobo en la comunidad no ha cambiado y durante siglos ha sido perseguido, extinguido, sacado a plomo y con veneno de esta tierra”, apunta. El naturalista ve en la medida, que obligaría a cambiar el Convenio de Berna y la Directiva Hábitat, “una herramienta política de cara a las elecciones”, y que el nuevo Gobierno de Aragón quiera revisar su estatus, “toda una declaración de intenciones”, concluye.