TELETRABAJO
 

Acuerdo para la regulación del teletrabajo en el empleo público

El Gobierno valora que exista un texto que legisle sobre esta modalidad laboral



E. P.
22/09/2020


MADRID.- El Gobierno y las principales organizaciones sindicales del sector público firmaron este lunes la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger la regulación básica del teletrabajo en la función pública. Tras el encuentro, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, puso en valor el acuerdo y que se haya hablado de teletrabajo en las administraciones.

"Creo que hablar de teletrabajo en administraciones públicas, de todas las administraciones públicas en un texto, que es legislación básica; hablar de voluntariedad, reversibilidad, de cómo podemos seguir siendo pioneros y punta de lanza en las administraciones públicas es muy importante", apostilló.

El acuerdo se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre, según fuentes sindicales, aunque inicialmente se barajaba la fecha de este martes.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), su presidente, Miguel Borra, subrayó que se trata de un acuerdo "novedoso", que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos.

Una vez conseguido el acuerdo este sindicato pidió que se abra cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social, como consecuencia de la pandemia.

Por su parte, el responsable federal de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, explicó que el sindicato ha dado su respaldo al texto porque deja claros "elementos básicos como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las administraciones".

Además, incidió en que introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, lo que concede al teletrabajo un carácter "lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía".

Por otra parte, CC. OO. pidió al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre el teletrabajo en sus respectivos ámbitos. Asimismo, reclamó a la ministra Darias la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y un III Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, comprometido por el Gobierno.

En su opinión, dicho acuerdo debe priorizar políticas que eliminen la precariedad en el sector público, asegurar el aumento y la estabilidad de las plantillas, eliminar la limitación que supone la tasa de reposición, abordar la carrera y la clasificación profesional, mejorar los derechos laborales y avanzar en la recuperación del poder adquisitivo.



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